Comulgar con ruedas de molino

  • Artículo de Natalia González Peláez publicado en La Nueva España

En  el desarrollo de las políticas social municipal es necesaria la confluencia de una serie de elementos que van desde la planificación urbana y la concepción de los barrios, hasta  la distribución de los recursos o  el acceso de la ciudadanía al conjunto de actividades, servicios y prestaciones.  Todo esto tiene que ver con una idea de ciudad en la que el bienestar de las personas se encuentra en el centro de todas las políticas y con una planificación que debe tener el impulso y liderazgo político necesarios, contando con la participación social y el desarrollo técnico preciso.

Nada de esto sucede en Gijón, donde la improvisación es la tónica general. Una ciudad en la que las políticas sociales se desarrollan a golpe de ocurrencias y que, en muchas ocasiones, se dan a conocer, exclusivamente, a través de los medios de comunicación.

Este es el caso de la denominada “renta social municipal “,  recogida en el proyecto de presupuestos municipales para el año 2017, que hasta sus propios promotores saben que no va a ser tal cosa, que la iniciativa que anunciaron a bombo y platillo como un ingreso adicional para quienes peor lo están pasando y que además sería incompatible con el Salario Social, se ha convertido en ayudas finalistas que casualmente el gobierno de la señora Moriyón, ése que este año dejará 2 millones de euros del presupuesto de Servicios Sociales sin tocar, llevaba en su programa electoral.

Los grupos proponentes siguen empeñados en hacernos comulgar con ruedas de molino, pero por más que se empeñen su propuesta nada tiene que ver con la renta básica de ciudadanía que se está discutiendo a nivel europeo, ni con otras rentas básicas aprobadas en otros municipios.

Entre otras cosas, porque parece que, de repente, se han olvidado que la población gijonesa, tiene derecho al Salario Social Básico que gestiona nuestra comunidad autónoma y que ya constituye una renta mínima a la que pueden acceder todas las asturianas y asturianos que carezcan de recursos económicos por tiempo ilimitado; tampoco parecen recordar que, los y las preceptores de salario social básico, al igual que el resto de la población gijonesa que reúna los requisitos necesarios, pueden acceder también a una serie de ayudas y prestaciones de carácter municipal  que ya existen, como son las becas comedor para sus hijos e hijas,  la ayuda al alquiler, la ayuda para el gasto energético, la ayuda a la pobreza infantil, la exención de pago para el acceso a cursos o actividades deportivas, las ayudas de emergencia o a familias, entre otras.

Tal vez, la intención real de esa supuesta “nueva renta municipal  social”, sea la de sustituir todas estas prestaciones bajo una nueva denominación que además de hacerla parecer novedosas, sea más acorde a su ideario,   les dé una mayor rentabilidad política y oculte que, la mayoría de estas prestaciones  ya existían antes de que sus socios de Foro asumiera la responsabilidad de gobierno, en el año 2011.

Lo hacen aludiendo a que se trata exclusivamente de paliar una situación de pobreza o de falta de recursos económicos y no de vulnerabilidad o exclusión social y en base a ello, renuncian a poner en marcha nuevos programas que faciliten la incorporación laboral de las personas y a  implementar y reforzar los programas de incorporación sociolaboral  ligados a la percepción del Salario Social Básico.

Es inaceptable que mientras año, tras año, la Fundación Municipal de Servicios Sociales  y el ayuntamiento de Gijón son incapaces de ejecutar su presupuesto y el número de personas beneficiarias del Salario Social Básico y de otras prestaciones sigue aumentando, los programas de incorporación sociolaboral ligados al salario social apenas hayan sufrido  variación, ni en los recursos económicos que se destinan a los mismos, ni en el desarrollo de nuevos proyectos que den continuidad a los itinerarios laborales que ya se vienen desarrollando.

No podemos permitir que las personas vulnerables se perpetúen en situaciones de exclusión y mucho menos, que las personas que carecen de empleo, se alejen del mercado laboral, algo que no se resuelve exclusivamente con  una política de rentas mínimas o ayudas económicas para cubrir necesidades básicas, sino que hay que abordar de una forma integral, ligando las políticas sociales a las políticas activas de empleo.

Es cierto que, en estos últimos cinco años, las circunstancias han cambiado notablemente, la crisis económica y las  reformas legislativas, especialmente en el ámbito laboral, han supuesto  un aumento  de la presión asistencial en los Servicios Sociales Municipales, un cambio en el perfil de las personas que acceden a prestaciones sociales y un aumento de las  que, aun contando con un empleo, no llegan a cubrir sus necesidades básicas. El cometido del equipo de gobierno y, por extensión, de aquellos que lo sustentan,  es evaluar y reformular las políticas sociales para afrontar estos nuevos retos. Un proceso que es necesario liderar con dedicación  y trabajo, incorporando a las entidades sociales en el papel que les corresponde y en el que los grupos de la oposición debemos participar con responsabilidad política.