El PSOE exige a FORO que “se baje de la burra” y no se empeñen en cobrar a tres turnos

  • No es compatible cobrar el sueldo de concejal y percibir retribuciones por asistir a consejos de administración de empresas propiedad del Ayuntamiento

  • El gobierno municipal debe asumir la resolución judicial y dejar de pleitear contra el Ayuntamiento


El concejal del Grupo Municipal Socialista, César González, ha exigido esta mañana a Carmen Moriyón y a su equipo de gobierno que no presenten recurso a la resolución del juzgado de lo Contencioso-Administrativo que avala el acuerdo plenario que suprimió el pago de dietas a concejales con dedicación parcial por su asistencia a los consejos de administración de las empresas municipales.

González ha instado al gobierno municipal a que “se baje de la burra, deje de marear la perdiz y asuma esta resolución judicial”, asimismo ha exigido que abandonen el resto de procesos que plantearon por la vía mercantil.

El concejal del PSOE ha recordado que durante el pasado mandato 2011-2015 los ediles del equipo de gobierno cobraron un total de 55.000 euros en concepto de dietas, algo que “hasta 2011 nunca había pasado en el Ayuntamiento de Gijón”.

González ha añadido que “no es lógico, ni responsable, ni razonable” que un gobierno municipal pleitee contra el propio Ayuntamiento, consumiendo recursos de todos los gijoneses al obligar al consistorio a asumir el gasto que ocasiona la defensa de la institución.

Por otra parte ha destacado que los concejales del equipo de gobierno que tienen dedicación parcial es porque así lo han decidido ellos, para poder compatibilizar su actividad municipal con sus negocios privados. En este caso se ha referido al Vicealcalde, Fernando Couto, “quien se embolsó 20.000 euros por su asistencia a consejos de administración de empresas municipales entre 2011 y 2015”.

Por último ha manifestado que no es compatible cobrar el sueldo de concejal y percibir además retribuciones por acudir a consejos de administración de empresas propiedad del Ayuntamiento, por ello el gobierno municipal debe asumir esta resolución judicial que valida el acuerdo plenario.